La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella autorizó este mismo miércoles una nueva piscina vinculada a un inmueble residencial urbano. No es un caso aislado. Las licencias con piscina han seguido aprobándose con regularidad durante el último año, mientras los acuíferos de Menorca atraviesan el momento más delicado del que se tiene constancia. Es precisamente esta aparente contradicción la que ha llevado al GOB a exigir explicaciones al consistorio sobre la gestión de un recurso que considera cada vez más escaso.
La entidad ecologista ha elegido Ciutadella para iniciar la campaña «Llamada por el agua de Menorca». No es casualidad. El municipio es el que registra el consumo urbano de agua más elevado de la isla y, según apunta el GOB, probablemente también lidera el consumo en el ámbito rústico. Con una población similar a la de Mahón, consume aproximadamente el doble de agua, una realidad que la entidad atribuye a un urbanismo más disperso y a una presión turística mucho más intensa.
Los ecologistas alertan de que los acuíferos menorquines, uno de los grandes patrimonios invisibles de la isla, se encuentran en mínimos históricos. Recuerdan que de estas reservas subterráneas dependen tanto el abastecimiento de la población como la conservación del paisaje y de los ecosistemas de Menorca. Y avisan de que todavía queda por delante el tramo de máxima demanda del verano.
Este escenario, aseguran, obliga a las administraciones a ir más allá de los discursos. Por eso, el GOB ha registrado un escrito en el Ayuntamiento de Ciutadella para comprobar si se están aplicando las medidas que el propio consistorio se comprometió a impulsar cuando aprobó, el 27 de junio de 2025, el Plan de Gestión Sostenible del Agua.
Aquel documento fue aprobado después de que el Plan General de Ciutadella recibiera informes desfavorables advirtiendo que, incluso con la desaladora en funcionamiento, los recursos hídricos disponibles no garantizaban el crecimiento urbanístico previsto. El Plan de Gestión debía convertirse, precisamente, en la herramienta para racionalizar el consumo y adaptar el municipio a una disponibilidad de agua cada vez más limitada.
Entre los compromisos asumidos figuraba la elaboración, durante el primer año de vigencia, de una ordenanza municipal de ahorro de agua. Esta normativa debía incorporar medidas para limitar o regular la construcción de nuevas piscinas, fomentar la reducción del consumo doméstico y obligar a instalar sistemas de fontanería de bajo consumo en determinadas obras de nueva construcción o rehabilitación.
Pasado este plazo, el GOB quiere saber qué se ha hecho realmente. En concreto, pide al Ayuntamiento tres datos: cuántas piscinas se han autorizado desde el 27 de junio de 2025; en cuántos expedientes urbanísticos se ha exigido la implantación obligatoria de sistemas de fontanería de bajo consumo, y en qué punto se encuentra la tramitación de la ordenanza municipal que debía desplegar estas medidas.
La entidad considera que estas respuestas son especialmente relevantes porque las autorizaciones urbanísticas siguen llegando mientras la situación de los acuíferos empeora. Según defiende, la cuestión ya no es solo cuánta agua hay disponible, sino si las administraciones están adaptando sus decisiones a esta nueva realidad.
En su comunicado, el GOB también rechaza que las desaladoras sean la respuesta principal a la crisis hídrica. Considera que confiar exclusivamente en esta infraestructura solo permite mantener un modelo de crecimiento urbanístico y turístico que califica de insostenible. Como ejemplo, señala a Mallorca e Ibiza, donde, a pesar de disponer de varias desaladoras, los acuíferos siguen degradados y la presión territorial no ha dejado de crecer.
Los ecologistas también vinculan esta situación con la decisión del Consell Insular de no limitar este verano la entrada de vehículos turísticos. Entienden que una mayor afluencia de visitantes implica también un incremento de la demanda de agua en un momento en que los recursos disponibles se encuentran bajo una presión sin precedentes.
Para el GOB, ha llegado el momento de dejar atrás las inercias y aplicar de manera efectiva las herramientas que ya existen. Más que anunciar nuevas infraestructuras, concluye la entidad, el reto pasa por cumplir las normativas vigentes, racionalizar el consumo y demostrar con datos que los compromisos adquiridos para proteger el agua de Menorca no han quedado solo sobre el papel.
