Si mañana un juez suspendiera el Caragol des Born porque el Ayuntamiento no hubiera tramitado correctamente algún expediente, la mayoría de los ciudadanos de Ciutadella lo considerarían una absurdidad. Nadie discutiría que el Ayuntamiento tiene competencias para organizar las fiestas ni que Sant Joan forma parte del interés general de la ciudad. El debate sería otro: si un error procedimental debe prevalecer sobre una decisión legítima y ampliamente asumida por la sociedad.
Salvando las distancias, esta es la pregunta de fondo que esconde el conflicto judicial de la plaza des Born.
La forma y el fondo del conflicto
Antes de continuar, conviene dejar una cosa clara. Los empresarios que han impulsado la demanda tienen todo el derecho a defender sus intereses y a exigir que el Ayuntamiento actúe conforme a la legalidad. Esta es una garantía básica de cualquier estado de derecho. Las administraciones públicas también deben cumplir las normas y someterse a los procedimientos establecidos.
Dicho esto, también es cierto que la sentencia conocida hasta ahora no entra a valorar si la peatonalización es buena o mala para Ciutadella. Tampoco discute que el Ayuntamiento tenga competencias para regular el tráfico o reorganizar el espacio público. El núcleo de la cuestión es otro: el tribunal considera que la actuación se ejecutó sin el correspondiente título habilitante y, por tanto, mediante una vía de hecho.
Jurídicamente es una cuestión relevante. Pero política y socialmente la pregunta es si este defecto formal justifica las consecuencias que ahora se pretenden imponer.
Una cuestión formal con consecuencias reales
Porque la retirada de los vehículos de la plaza des Born no es una decisión adoptada por una administración incompetente ni una actuación arbitraria. Es una decisión política impulsada por un gobierno municipal elegido democráticamente, con competencias para gestionar la movilidad urbana y el espacio público.
Se puede discrepar de esta decisión. Es perfectamente legítimo defender que los coches deberían seguir pasando por la plaza. Se puede considerar que la peatonalización perjudica la actividad económica o dificulta la circulación. Todo esto forma parte del debate político normal de una ciudad viva.
Lo que resulta más discutible es utilizar una cuestión formal para intentar revertir una decisión que, en el fondo, el Ayuntamiento tiene capacidad legal para adoptar.
Porque si el problema es realmente la inexistencia de un expediente administrativo suficiente, la solución es tan simple como tramitarlo correctamente. Informes técnicos, justificación jurídica, resolución administrativa y aprobación por los órganos competentes. Nada impide que, una vez completado este procedimiento, la misma decisión pueda volver a adoptarse con todas las garantías legales.
El coste de ir y volver
Y aquí aparece la gran contradicción de este conflicto.
Si los coches vuelven al Born en ejecución provisional de la sentencia y, meses después, el Ayuntamiento aprueba el correspondiente expediente o los tribunales superiores acaban avalando su actuación, la ciudad habrá pagado dos veces por el mismo debate. Primero para reabrir la plaza al tráfico y después para volverla a cerrar.
Cambios de señalización, adaptaciones del espacio público, recursos técnicos, horas de trabajo municipal y nuevas actuaciones administrativas. Todo asumido con recursos públicos.
Tan evidente es este riesgo que la propia ley contempla la posibilidad de que los demandantes tengan que depositar una fianza antes de forzar una ejecución provisional. No es un capricho jurídico. Es el reconocimiento de que una plaza no se transforma gratis, que los cambios tienen un coste y que, si una sentencia posterior acaba avalando la peatonalización, alguien tendrá que responder por los perjuicios ocasionados por haber precipitado una situación que después podría tener que revertirse nuevamente.
Es legítimo preguntarse si este escenario beneficia realmente el interés general.
Una crítica también al gobierno municipal
Ahora bien, este artículo tampoco pretende convertirse en una defensa amable del gobierno municipal. No se trata de eso.
Porque, sinceramente, ya les vale.
Si había una actuación que exigía una pulcritud administrativa absoluta era precisamente la peatonalización del Born. Por su trascendencia simbólica, política y urbanística, el expediente debía estar blindado jurídicamente desde el primer día. No lo ha estado. Y esta falta de diligencia ha ofrecido a los detractores del proyecto y a los opositores a la retirada de los vehículos una oportunidad que no han dudado en aprovechar.
Pero las carencias no terminan aquí.
El debate pendiente sobre la movilidad
El gobierno municipal tampoco ha sido capaz de explicar con claridad qué modelo de movilidad propone para Ciutadella durante las próximas décadas. La peatonalización del Born se ha presentado a menudo como una actuación aislada cuando, en realidad, forma parte de una estrategia mucho más amplia recogida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).
La clave sigue siendo el aparcamiento
De hecho, probablemente la transformación más importante del PMUS ni siquiera era la retirada de los vehículos del Born.
El gran reto sigue siendo la gestión de los aparcamientos.
Garantizar que los residentes puedan estacionar cerca de su casa. Que los ciudadanos de las urbanizaciones y otros núcleos encuentren plazas disponibles a precios asumibles. Que los visitantes dejen el vehículo en los aparcamientos disuasorios antes de entrar al centro urbano. Que el coche deje de ser imprescindible para acceder al corazón de la ciudad.
Esta es la pieza que realmente puede transformar la movilidad de Ciutadella.
Y mientras tanto, casi nadie parece haber reparado en una ironía considerable.
La pieza más importante del modelo de movilidad que dibuja el PMUS no está en el Born. Está en las zonas de aparcamiento. Está en los estacionamientos disuasorios. Está en la regulación inteligente de las plazas disponibles. Está en la priorización de los residentes.
Y todo esto no es ninguna idea nueva.
Hace años que está escrito. Hace meses que permanece en aprobación inicial. Hace meses que está prácticamente parado.
Mientras Ciutadella discute sobre la consecuencia más visible del problema, las herramientas que deberían permitir ordenar el aparcamiento, reducir la presión sobre el centro y mejorar la movilidad del conjunto del municipio siguen esperando.
La contradicción de los grandes proyectos
También ha faltado pedagogía a la hora de desmontar algunas ideas que se han convertido casi en dogmas.
Resulta difícil defender simultáneamente la necesidad de alejar el tráfico rodado del centro y plantear como gran solución un aparcamiento subterráneo en el mismo centro.
Del mismo modo, apenas se ha explicado que existen alternativas mucho menos costosas y más rápidas de ejecutar, como los aparcamientos modulares en altura, capaces de incrementar significativamente la oferta de plazas sin necesidad de grandes obras subterráneas.
Todo esto forma parte del debate que Ciutadella debería estar manteniendo.
Pero es más fácil discutir sobre pilonas, recursos judiciales y defectos procedimentales.
Al final, demasiadas veces, la política local acaba convirtiendo los problemas en trincheras en lugar de convertirlos en soluciones.
Más allá del Born
Porque, en realidad, el debate del Born va mucho más allá del Born.
La cuestión es qué pasa cuando la forma acaba adquiriendo más importancia que el fondo. Cuando un defecto procedimental se convierte en la herramienta para bloquear una decisión política que podría adoptarse igualmente por la vía correcta.
Cuando la forma sustituye al debate
Y todavía hay otra pregunta que casi nadie formula.
Si aplicáramos el mismo nivel de exigencia formal a todas las actuaciones municipales, ¿cuántas resistirían una impugnación judicial?
La respuesta probablemente sorprendería a muchos ciudadanos.
Cualquier persona que haya tenido tratos con una administración sabe que los defectos de forma existen. Expedientes incompletos, trámites mejorables, informes que llegan tarde o resoluciones que no siempre siguen un camino impecable. No es una realidad exclusiva de Ciutadella. Es una realidad presente en prácticamente todas las administraciones públicas.
Esto no quiere decir que los procedimientos no sean importantes. Lo son. Y mucho.
Pero también conviene recordar que el derecho administrativo no debería convertirse en una herramienta para sustituir el debate democrático.
Los gobiernos gobiernan. Los tribunales controlan la legalidad. Y los ciudadanos deciden en las urnas.
Cuando estos equilibrios se confunden, aparecen situaciones como la actual, donde una discusión que aparentemente gira en torno a un expediente termina ocultando un desacuerdo mucho más profundo sobre el modelo de ciudad que se quiere para Ciutadella.
La pregunta que realmente importa
Quizás por eso la pregunta más importante no es si faltaba un documento, una resolución o un trámite.
La pregunta es otra.
Si mañana el Ayuntamiento aprobara correctamente todos los expedientes necesarios y la peatonalización fuera jurídicamente impecable, ¿quienes hoy celebran la sentencia aceptarían el resultado?
Si la respuesta es no, entonces el conflicto nunca ha sido sobre la forma.
Ha sido sobre el fondo.
