Imagen de una concentración en el centro histórico de Ciutadella contra la especulación inmobiliaria en Menorca.
Mike Sierra / CIUTADELLA DIGITAL
El Ayuntamiento de Ciutadella debatirá en el próximo pleno ordinario la propuesta de declarar el municipio como zona tensionada en materia de vivienda, de acuerdo con lo que establece la Ley estatal de Vivienda aprobada en mayo de 2023. Con esta iniciativa, el equipo de gobierno quiere abrir la puerta a la aplicación de mecanismos de regulación del precio del alquiler y otras medidas de protección para los inquilinos, especialmente ante la escalada de precios vivida en los últimos años.
La nueva normativa estatal permite que, si una comunidad autónoma declara una zona tensionada, se pueda establecer un tope legal a los precios del alquiler en función de un índice de referencia. Esta limitación afecta principalmente a los grandes tenedores —propietarios de más de 10 inmuebles—, pero también restringe los incrementos a los pequeños propietarios, que no pueden superar la renta anterior actualizada. El sistema también prevé incentivos fiscales de hasta el 90% para aquellos propietarios que reduzcan los alquileres o alquilen a colectivos prioritarios como jóvenes o familias vulnerables.
Los criterios que establece la ley para declarar una zona como tensionada son claros, y Ciutadella —como el resto de Menorca— los cumple ampliamente: el coste del alquiler y suministros básicos supera el 30% de los ingresos medios de los hogares, y los precios del alquiler han subido más de 5 puntos por encima del IPC en los últimos cinco años. A pesar de esto, el Gobierno balear ya ha manifestado en diversas ocasiones que no tiene intención de hacer ninguna declaración de zona tensionada en las Islas Baleares.
Ante esta negativa del Gobierno, el consistorio de Ciutadella quiere activar la demanda desde el ámbito municipal, instar a su aprobación y situar al municipio como caso prioritario, teniendo en cuenta la presión urbanística y el creciente problema de acceso a la vivienda. En algunos casos, la regulación permitiría rebajar los alquileres a más de la mitad. Por ejemplo, según el sistema estatal de referencia, una vivienda de dos habitaciones en Mahón que ahora se alquila por 900 euros, podría tener un precio máximo regulado de 480 euros.
Aunque desde el sector inmobiliario se advierte que esta medida puede reducir la oferta de pisos en alquiler, el equipo de gobierno defiende que la regulación es una herramienta imprescindible para garantizar el derecho a una vivienda digna y evitar la expulsión de los residentes locales, especialmente jóvenes, familias con ingresos bajos y trabajadores temporales.
La propuesta que se llevará a pleno prevé instar formalmente al Govern balear declarar a Ciutadella como zona tensionada, recabando el apoyo institucional necesario para acceder a las herramientas de la Ley estatal y proteger el equilibrio social y residencial del municipio.
