El Encendido de Torres, Atalayas y Talayots por los Derechos Humanos llega este 2026 a Menorca con una participación institucional muy reducida y sin el apoyo directo del Consell Insular. Lejos de la etapa en la que el encendido era un proyecto de carácter insular, con decenas de puntos activados por todo el territorio, este año solo tres municipios —Ciutadella, Mahón y Es Mercadal— se han sumado oficialmente. Los tres están gobernados por fuerzas de izquierda.
El acto, coordinado actualmente por el Fondo Menorquín de Cooperación, se celebrará el próximo 31 de enero con tres puntos de encendido: en el Castillo de San Antonio de Fornells y en el Puente de San Roque de Mahón a las 13:00 horas, y en el Castillo de San Nicolás de Ciutadella a las 18:30 horas. En cada espacio se encenderán bengalas de humo y de luz y se leerá un breve manifiesto en defensa de los derechos humanos y de la dignidad de todas las personas.
De 32 talayots y atalayas activados por toda la isla a solo tres puntos de encendido: la dimensión del acto se ha reducido de manera drástica en solo cinco años.
La fotografía actual contrasta con la dimensión que había alcanzado la iniciativa en años anteriores. En 2021, con el Consell de Menorca gobernado por PSOE, Més per Menorca y Podemos, la institución insular asumió la coordinación directa del Encendido, con la participación de 32 talayots y atalayas y más de una veintena de entidades sociales, culturales y vecinales de la isla.
Aquella edición incluía un acto central en Torre d'en Galmés y vinculaba explícitamente la defensa de los derechos humanos con la puesta en valor del patrimonio talayótico, en el marco de la candidatura de Menorca Talayótica a Patrimonio Mundial. El Encendido se planteaba entonces como una acción transversal, con voluntad educativa, cultural y de sensibilización social.
El cambio se produce a partir de 2023, con la llegada del Partido Popular al gobierno del Consell Insular, en minoría y con el apoyo de una consejera posteriormente expulsada de Vox. La nueva mayoría optó por desmarcarse de la organización de un acto que el PP ya había cuestionado cuando se encontraba en la oposición, hecho que supuso el fin del liderazgo institucional del Consell en una convocatoria de carácter solidario y reivindicativo.
Desde entonces, la organización del Encendido ha pasado a manos del Fondo Menorquín de Cooperación, una entidad sin ánimo de lucro integrada por los ocho ayuntamientos de Menorca, el propio Consell Insular y el Gobierno de las Islas Baleares, encargada de gestionar los recursos públicos destinados a la cooperación internacional y la solidaridad.
A pesar de este relevo, la retirada del Consell como impulsor directo ha ido acompañada de una reducción progresiva del alcance del evento. El año pasado, el encendido en Menorca se limitó a dos puntos. Este año, a pesar del ligero incremento, la participación continúa lejos de lo que había sido una iniciativa de carácter insular.
A diferencia de Mallorca, donde se encenderán más de 80 torres y atalayas, Menorca participa con una presencia simbólica y territorialmente muy acotada. Un contraste que pone de manifiesto la falta de consenso político alrededor de un acto que pretende reivindicar los derechos humanos y denunciar el drama migratorio en el Mediterráneo.
La coincidencia de que solo ayuntamientos gobernados por la izquierda se hayan adherido al Encendido vuelve a abrir el debate sobre el papel de las instituciones públicas menorquinas en la defensa activa de estos valores y sobre hasta qué punto han dejado de ser una prioridad compartida a escala insular.
