El GOB ha elevado el tono ante los episodios de contaminación que afectan recurrentemente al torrente de Cala Galdana y considera que el problema ya no se puede atribuir a hechos puntuales o accidentes aislados. La entidad ecologista denuncia años de impunidad ante unos vertidos que se repiten temporada tras temporada y reclama a los ayuntamientos de Ciutadella y Ferreries una actuación decidida para localizar las conducciones irregulares que desembocan en el torrente, identificar a los responsables e imponer las sanciones correspondientes.
Según el grupo ecologista, la reiteración de los episodios hace difícil sostener que los autores de los vertidos desconozcan las consecuencias de sus acciones. «Cuando las cosas pasan cada año y varias veces por temporada, nadie puede alegar ignorancia sobre las consecuencias», señala la entidad, que defiende que ha llegado el momento de pasar de las inspecciones y las sospechas a las actuaciones concretas sobre el terreno.
El torrente de Cala Galdana arrastra desde hace años problemas de contaminación asociados a episodios puntuales en los que el agua procedente del barranco de Algendar cambia de color, desprende malos olores y presenta indicios claros de vertidos contaminantes. A pesar de las numerosas inspecciones efectuadas por diferentes administraciones y cuerpos de vigilancia, todavía no se ha podido determinar con exactitud el origen de las descargas.
La propuesta: localizar todas las conducciones
Por este motivo, el GOB plantea una actuación específica que considera imprescindible para resolver definitivamente el problema: abrir una zanja a ambos lados del torrente para interceptar todas las conducciones soterradas que desembocan en él. Esta operación permitiría diferenciar las canalizaciones públicas de las privadas, detectar posibles conexiones irregulares y establecer finalmente la procedencia de los vertidos.
La organización ecologista considera que las inspecciones realizadas hasta ahora no han sido suficientes para localizar el punto exacto de contaminación y defiende que hace falta una actuación física sobre el terreno para identificar todas las conexiones existentes.
«Quien contamina sabe perfectamente lo que hace». El GOB considera que la reiteración de los episodios hace imposible argumentar desconocimiento sobre las consecuencias de los vertidos.
Una urbanización nacida antes del alcantarillado
La entidad recuerda que Cala Galdana se urbanizó durante los años setenta, cuando no existían ni la red de alcantarillado actual ni buena parte de la normativa ambiental vigente. Con posterioridad se implantó el sistema de saneamiento que conduce las aguas residuales hasta la depuradora de Serpentona, pero el GOB considera plausible que todavía existan antiguas tuberías conectadas directamente al torrente o instalaciones que sigan funcionando al margen de la red oficial.
Según la organización, esta hipótesis explicaría por qué las analíticas efectuadas en la depuradora presentan resultados correctos mientras los episodios de contaminación continúan repitiéndose en el torrente. También sostiene que una conexión clandestina permitiría evitar los controles que inevitablemente se producirían si los contaminantes llegaran a través de la red pública de saneamiento.
Precedentes en Menorca
El GOB recuerda que Menorca ya ha vivido casos similares en el pasado. En este sentido, cita el ejemplo de una lavandería industrial de Ferreries que durante años vertió residuos al torrente de Trebalúger hasta que los hechos acabaron llegando a la vía penal.
Para la entidad, este precedente demuestra que la contaminación reiterada de los torrentes no es una hipótesis teórica, sino una realidad que ya se ha producido en otros puntos de la isla y que solo se puede resolver identificando a los responsables.
Identificar, sancionar e informar
La organización insiste en que la prioridad debe ser localizar físicamente todas las conducciones existentes, reconectar aquellas que forman parte de los servicios públicos e investigar las de origen desconocido mediante sistemas de inspección interior. Una vez identificados los responsables, añade, las conexiones irregulares deberían ser clausuradas y los autores sancionados.
Finalmente, el GOB reclama transparencia durante todo el proceso y considera que la ciudadanía tiene derecho a conocer tanto los resultados de las investigaciones como las medidas adoptadas para evitar que los episodios se sigan repitiendo.
«Quien está causando repetidamente las contaminaciones debe ser identificado y sancionado seriamente», concluye la organización ecologista.
