Menorca no limitará la entrada de vehículos este verano ni tampoco en 2026. El Consell Insular, gobernado por el Partido Popular, admitió en el pleno celebrado esta semana que la regulación no estará operativa hasta después de las elecciones de mayo de 2027. Un nuevo aplazamiento que llega en plena temporada de saturación viaria y con los datos oficiales alertando, desde hace años, de un exceso estructural de vehículos en la isla.
El consejero de Movilidad, Juan Manuel Delgado, reconoció que la medida debe articularse mediante la aprobación de un reglamento específico, actualmente en fase de resolución de alegaciones. Según explicó, en 2026 no se podrá aplicar porque todavía no se dispone de los instrumentos técnicos, administrativos y de control necesarios para garantizar la seguridad jurídica del sistema.
Con todo, el mismo consejero admitió que, mientras el reglamento no esté en vigor, se podría impulsar una regulación transitoria mediante un acuerdo plenario. Esta vía, sin embargo, no se prevé hasta el pleno de octubre, hecho que desplaza cualquier aplicación real hasta 2027, justo después del próximo ciclo electoral.
Desde el PSM Més per Menorca interpretan este calendario como un nuevo cambio de relato del Partido Popular. Recuerdan que durante meses el gobierno insular había dejado entender que la limitación podría comenzar este año, incluso como prueba piloto. "El PP ha convertido una medida clave para la movilidad y la sostenibilidad de nuestra isla en un anuncio permanente. La presión del tráfico y la saturación del territorio no pueden esperar al 2027", ha afirmado el coordinador general del partido, Pepe Mascaró.
Los ecosoberanistas recuerdan que la regulación de la entrada de vehículos no es una propuesta nueva. Durante el mandato anterior, el pacto de izquierdas en el Consell dejó aprobado un estudio de carga de vehículos (2023) que ya advertía que Menorca registra un exceso del 30% de vehículos durante julio y agosto, y del 20% en junio y septiembre, por encima de la capacidad prevista de la red viaria. Este informe alertaba del riesgo que esta situación supone para la movilidad, la calidad de vida y la conservación del territorio.
Además, desde 2023 la isla dispone de la Ley de Reserva de Biosfera, una herramienta jurídica que permite desplegar medidas de regulación de acuerdo con los compromisos ambientales y de sostenibilidad. Según el PSM, el marco legal existe desde hace dos años y los datos técnicos también; el retraso responde, aseguran, a una falta de determinación política.
La comparativa con otras islas baleares acentúa el contraste. Ibiza aplica la limitación de entrada de vehículos desde el 1 de junio de 2025. Formentera la tiene en vigor desde 2020. Mallorca trabaja en una normativa propia inspirada en el modelo ibicenco y, de hecho, una delegación del Consell mallorquín —gobernado también por el PP— visitó recientemente Ibiza para conocer los sistemas de control implantados. Mientras tanto, Menorca continúa sin calendario efectivo.
La cuestión también ha evidenciado contradicciones en el ámbito municipal. En junio de 2025, los grupos de izquierda del Ayuntamiento de Ciutadella aprobaron instar al Consell a impulsar, conjuntamente con todos los municipios, una gestión sostenible de la movilidad con la puesta en marcha de la regulación de entrada de vehículos. El PP votó en contra. Para el PSM, esta posición demuestra una falta de coherencia institucional y de estrategia común ante un problema que afecta a toda la isla.
Con la temporada alta en marcha y los colapsos viarios repitiéndose cada verano, la regulación de vehículos sigue siendo una asignatura pendiente. El gobierno insular sitúa la solución más allá de 2027; la oposición insiste en que la saturación no entiende de calendarios electorales.
