El Ayuntamiento de Ciutadella ha aprobado este mayo, en sesión plenaria, una nueva solicitud formal a Ports de les Illes Balears para reclamar la construcción inmediata de un ascensor entre el aparcamiento de Dalt sa Quintana y el puerto antiguo. Esta infraestructura es considerada imprescindible para garantizar la accesibilidad universal en uno de los espacios más transitados del municipio, y su ejecución es competencia de Ports IB, organismo dependiente del Gobierno balear.
La demanda institucional se ha reforzado después de determinar que las escaleras (que costaron a Ports IB más de 200.000 euros) no cumplen los requisitos legales. Sin el ascensor, el acceso entre el puerto y el aparcamiento no se ajusta a la normativa vigente sobre accesibilidad, hecho que afecta especialmente a personas con movilidad reducida.
Una rampa inviable: solo el ascensor garantiza el acceso universal
Según el informe técnico municipal, para adaptar el fuerte desnivel existente con una rampa legalmente conforme a la orden estatal TMA/851/2021, habría que construir una estructura de más de 230 metros de longitud, una opción inviable técnica y urbanísticamente. Ante esta realidad, el ascensor se convierte en la única solución para garantizar un itinerario plenamente accesible.
El alcalde de Ciutadella, Llorenç Ferrer, ha reiterado el compromiso del consistorio para hacer realidad esta actuación, que ya figuraba en el proyecto original y que, a pesar de múltiples gestiones anteriores, nunca se ha llegado a ejecutar. Con el pleno dando apoyo unánime a la petición, Ferrer refuerza una reivindicación que considera «legalmente inaplazable y socialmente necesaria».
Anomalía institucional en el consejo de Ports IB
Desde el consistorio se denuncia que la falta de voluntad de Ports IB incumple tanto compromisos políticos como obligaciones legales. Fuentes municipales señalan que la actual situación no solo excluye a una parte de la población, sino que perjudica también el atractivo turístico y la movilidad en una zona clave del municipio.
La interlocución con Ports IB se ve entorpecida por el hecho de que el ente autonómico mantiene como representante del municipio en su consejo de administración a la exalcaldesa y actual concejala del PP, Juana Maria Pons, a pesar de la queja del actual equipo de gobierno. El Ayuntamiento solicitó su relevo por el alcalde, pero sin éxito. Esta anomalía institucional, que se mantiene por la negativa de Ports IB a modificar el nombramiento, añade complejidad a una cuestión que el consistorio considera estrictamente técnica y de derechos fundamentales.
Con el acuerdo plenario ya aprobado, el Ayuntamiento enviará un nuevo escrito formal a Ports IB exigiendo la ejecución inmediata del ascensor. Se trata, según el gobierno local, de una obra fundamental para eliminar una barrera arquitectónica flagrante y avanzar hacia una ciudad más justa y accesible para todos.
