NOTA DE PRENSA/ CIUTADELLA DIGITAL
El GOB Menorca ha remitido al Gobierno central y a los grupos parlamentarios un texto con argumentos jurídicos con la petición de que se presente un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Ómnibus, aprobada por el Gobierno balear del Partido Popular. Confían en que este Decreto Ley, que consideran irresponsable, pueda ser finalmente corregido por el Tribunal Constitucional.
Y es que esta ley permite, recalcan desde la entidad ecologista, entre otras cosas, volver a construir en zonas de riesgo de inundación o incendio y legalizar construcciones en suelo rústico sin cumplir los mínimos parámetros establecidos por la ordenación territorial. Según el GOB, estas medidas representan una modificación sustancial de las condiciones legales del territorio de las Islas Baleares y generan una enorme arbitrariedad y discriminación entre la ciudadanía.
Argumentos en contra del Decreto Ley: Intereses particulares sobre el interés generalLa normativa permite construir en zonas de riesgo, como áreas propensas a inundaciones o incendios, lo cual contraviene la lógica de proteger a la ciudadanía de posibles tragedias. Este cambio parece responder más a intereses particulares que al interés general.
Legalización arbitraria en suelo rústico.
La ley permite legalizar construcciones en suelo rústico sin exigir el cumplimiento de los parámetros urbanísticos vigentes. Esto genera comparaciones injustas y competencia desleal, ya que las personas y negocios que han seguido la normativa se ven penalizados frente a aquellos que no lo han hecho.
Regresión en la evaluación ambiental
El Decreto Ley modifica la Ley de Evaluación Ambiental, aumentando los umbrales que determinan la obligación de realizar evaluaciones ambientales. Por ejemplo, el volumen para los embalses de agua que requerían evaluación ambiental ha pasado de 500.000 m³ a 2.000.000 m³, sin una explicación clara. Lo mismo ocurre con los proyectos de regeneración de playas.
Modificaciones a la Ley de Menorca Reserva de Biosfera
La normativa también reduce aspectos clave de la Ley de Menorca Reserva de Biosfera, eliminando el carácter vinculante de los objetivos de descarbonización, la ordenación de la actividad turística según la capacidad de carga de la isla y el incremento de energías renovables, entre otros.
Falta de justificación de la urgencia
El uso del Decreto Ley se justifica en situaciones de necesidad extraordinaria y urgente, premisas que, según el GOB, no se cumplen en este caso. La urgencia alegada para permitir construcciones en zonas de riesgo o legalizar edificaciones en suelo rústico no está justificada, respondiendo a intereses particulares y no a una necesidad general.
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