La polémica abierta en Ciutadella a raíz de la nueva tasa de recogida y tratamiento de residuos ha reabierto un debate que va más allá del coste del servicio. La decisión del equipo de gobierno PSM-MÉS, PSOE y CE de desistir de la aprobación definitiva de la ordenanza, después de haberla aprobado inicialmente en el Pleno, ha vuelto a situar en el centro de la discusión la manera en que se financian los servicios públicos municipales y cómo se reparte esta carga entre la ciudadanía.
Según ha explicado el Ayuntamiento en un comunicado oficial, la modificación de la tasa responde a la obligación legal de adaptar el sistema de financiación del servicio de residuos a la normativa vigente, que establece que este tipo de servicios deben cubrir su coste real mediante tasas específicas. Actualmente, el servicio genera un déficit aproximado de un millón de euros anuales a las arcas municipales, una situación que el consistorio considera insostenible a largo plazo.
Una ordenanza retirada antes de la aprobación definitiva
La propuesta que se había tramitado inicialmente partía de un estudio técnico encargado por el Ayuntamiento y preveía calcular la tasa de las viviendas en función del valor catastral del inmueble, un criterio similar al que se utiliza para el Impuesto de Bienes Inmuebles. El objetivo declarado era introducir un sistema más proporcional y adaptar la tasa al coste real del servicio.
Durante el periodo de exposición pública, sin embargo, el gobierno municipal ha optado finalmente por retirar aquella propuesta inicial e iniciar un nuevo proceso de tramitación para reformular el modelo. Según el consistorio, esta decisión responde a la voluntad de mejorar el sistema y garantizar la máxima seguridad jurídica antes de la aprobación definitiva de la nueva ordenanza.
Críticas de la oposición y respuesta del gobierno
La decisión ha sido criticada por el Partido Popular de Ciutadella, que considera que la retirada de la ordenanza responde a cálculos electorales y acusa al equipo de gobierno de no haber afrontado la reforma con la previsión necesaria. Su portavoz ha advertido que mantener el sistema actual puede agravar el desequilibrio financiero del servicio.
Los partidos que forman el gobierno municipal —PSM Més per Menorca, PSOE y Ciutadella Endavant— han respondido con un comunicado conjunto en el que rechazan estas acusaciones y defienden que la decisión responde a criterios de responsabilidad institucional. Según el gobierno, iniciar una nueva tramitación permitirá ajustar mejor el modelo y hacerlo más justo.
El debate sobre el criterio de cálculo
Más allá de la confrontación política inmediata, la propuesta inicial había abierto también un debate de fondo sobre el criterio utilizado para calcular la tasa. Vincular el pago al valor catastral de la vivienda implicaba que el coste del servicio no se determinaría tanto por la cantidad real de residuos generados como por el valor de la propiedad.
Esto podía dar lugar a situaciones paradójicas: una persona sola o una pareja que vive en una casa grande podía acabar pagando más que una familia numerosa que vive en un piso, a pesar de que esta última genere potencialmente más residuos.
El debate adquiere todavía más relevancia en un municipio como Ciutadella, donde el catastro arrastra desde hace más de una década un desajuste notable entre los valores catastrales y el valor real del mercado inmobiliario. Sin una revisión catastral integral que actualice estos valores, utilizar el catastro como base para calcular una tasa puede generar distorsiones y desigualdades difíciles de justificar.
Un acuerdo del Pleno que reaparece en el debate
En este contexto, la polémica actual ha hecho reaparecer también un acuerdo del Pleno que a menudo pasa desapercibido. En marzo de 2021, el consistorio aprobó una propuesta impulsada por el grupo municipal de Unides Podem – Gent per Ciutadella que planteaba revisar progresivamente las ordenanzas fiscales municipales incorporando criterios de capacidad económica de los contribuyentes.
La iniciativa partía de un principio recogido tanto en la Constitución como en la legislación de haciendas locales: que los tributos, incluidas las tasas, pueden modularse teniendo en cuenta la capacidad económica de los ciudadanos. El objetivo era avanzar hacia un sistema fiscal municipal más progresivo, en el que el coste de los servicios públicos se repartiera de una manera más equitativa.
Aquella propuesta fue aprobada con los votos favorables de los grupos de izquierda presentes en aquel momento en el consistorio —PSM Més per Menorca, PSOE y Unides Podem – Gent per Ciutadella— mientras que el Partido Popular se abstuvo.
Cuatro años después, sin aplicación efectiva
El grupo municipal que impulsó aquella iniciativa ya no forma parte hoy del consistorio. Sin embargo, algunos de los actores políticos que la apoyaron continúan presentes en el actual gobierno municipal, entre ellos los grupos del PSM y el PSOE, así como la concejala Carla Gener, que en aquel momento formaba parte del grupo de Unides Podem y que actualmente representa la nueva agrupación Ciutadella Endavant.
Cuatro años después de la aprobación de aquel acuerdo plenario, sin embargo, la revisión de las ordenanzas fiscales según criterios de capacidad económica no se ha llegado a desarrollar ni aplicar de manera efectiva.
«El debate sobre la tasa de basuras no es solo una cuestión de costes del servicio, sino también de cómo se reparte la carga fiscal entre los ciudadanos».
Un debate fiscal aún abierto
La discusión actual sobre la tasa de residuos vuelve a poner sobre la mesa esta cuestión de fondo: si las tasas municipales deben limitarse a cubrir el coste de los servicios o si, además, deben incorporar criterios de progresividad que tengan en cuenta la situación económica de los contribuyentes.
En plena revisión del sistema de financiación del servicio de residuos, aquel acuerdo del Pleno de 2021 reaparece así como una pieza olvidada del debate fiscal en Ciutadella. Una propuesta que planteaba un camino diferente para abordar la reforma de las tasas municipales y que, cuatro años después, sigue sin haberse traducido en ningún cambio real en las ordenanzas fiscales del municipio.
